Las dos comparecencias celebradas esta semana por el PSOE y el Gobierno municipal han abierto un nuevo escenario en el debate sobre la planta de biometano proyectada en Talavera. Mientras la portavoz socialista, Tita García Élez, propone modificar el Plan de Ordenación Municipal (POM) para impedir este tipo de instalaciones, el alcalde, José Julián Gregorio, defiende que el expediente sigue el procedimiento administrativo establecido. Todo ello mientras la documentación oficial de la Junta de Comunidades revela que el proyecto ha ido superando distintos hitos técnicos durante su tramitación, con informes municipales de distinto signo y una Declaración de Impacto Ambiental favorable publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
El debate político sobre la planta de biometano ha dejado de centrarse exclusivamente en sus posibles efectos medioambientales para trasladarse ahora al terreno urbanístico y administrativo. Las ruedas de prensa celebradas en apenas 24 horas por PSOE y Gobierno municipal reflejan dos estrategias diferentes para afrontar un proyecto que continúa avanzando en su tramitación.
El PSOE apuesta por modificar el POM
La primera en comparecer fue la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Tita García Élez, quien presentó una propuesta para modificar el Plan de Ordenación Municipal con el objetivo de impedir la implantación de plantas de biometano en el término municipal.
La exalcaldesa defendió que el Ayuntamiento dispone de instrumentos urbanísticos suficientes para proteger el desarrollo de la ciudad y planteó la suspensión cautelar de este tipo de proyectos mientras se tramita dicha modificación del planeamiento.
Según explicó, esta sería la vía jurídica más eficaz para responder a la creciente preocupación vecinal y evitar que instalaciones de estas características puedan implantarse en el entorno de Talavera.
Gregorio centra el debate en la tramitación del expediente
Apenas unas horas después fue el alcalde, José Julián Gregorio, quien respondió a la propuesta socialista.
Durante su comparecencia, el regidor sostuvo que el Ayuntamiento está actuando conforme a la legalidad vigente y recordó que la autorización de un proyecto de estas características no depende exclusivamente de la administración municipal, sino que intervienen distintas administraciones con competencias en materia ambiental, industrial y urbanística.
Gregorio insistió además en que una eventual modificación del Plan de Ordenación Municipal requeriría una tramitación compleja y prolongada en el tiempo, por lo que cuestionó que esa vía pueda ofrecer una solución inmediata al expediente actualmente en marcha.
El alcalde aprovechó también su comparecencia para situar el origen del debate en decisiones adoptadas durante anteriores etapas de gobierno y en la estrategia regional impulsada por la Junta para favorecer el desarrollo del biometano.
Lo que refleja el expediente oficial
Más allá del debate político, la documentación publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha permite reconstruir la evolución administrativa del proyecto.
Durante la evaluación ambiental, el Ayuntamiento de Talavera remitió distintos informes técnicos que fueron incorporados al expediente.
Entre ellos figura un informe municipal de Medio Ambiente de carácter desfavorable, en el que se cuestionaba la ubicación elegida para la planta al considerar que podía incumplir la Ordenanza Municipal sobre Protección contra la Contaminación por Formas de Energía, especialmente en lo relativo a la distancia respecto al suelo urbano y al posible impacto derivado de los olores.
Sin embargo, el expediente también recoge las alegaciones presentadas por la empresa promotora, que defendía que las distancias habían sido calculadas tomando como referencia terrenos pertenecientes a otro municipio y aportó nueva documentación técnica para justificar la compatibilidad de la instalación.
Tras esa fase de alegaciones, el procedimiento incorpora un Informe de Compatibilidad Urbanística favorable emitido por el Ayuntamiento de Talavera el 28 de noviembre de 2024, además de un informe socioeconómico municipal que concluye expresamente que:
«Desde el punto de vista socioeconómico, no existe inconveniente respecto a la implantación en el término municipal del proyecto.»
Ese mismo informe destaca que la planta se ubica en un espacio de transición entre el uso agrario tradicional y un entorno cada vez más condicionado por infraestructuras de transporte, actividades industriales y usos logísticos, considerando que esa localización favorece la conexión entre la actividad agroganadera de la comarca y las infraestructuras energéticas existentes.
Toda esta documentación forma parte del expediente que desembocó posteriormente en la Declaración de Impacto Ambiental favorable publicada por la Junta de Comunidades en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, condicionada al cumplimiento de numerosas medidas correctoras en materia de emisiones, olores, ruido, aguas y control ambiental.
Dos estrategias para un mismo problema
Las comparecencias de Tita García Élez y José Julián Gregorio evidencian dos formas muy diferentes de abordar una misma situación.
El PSOE plantea actuar sobre el planeamiento urbanístico para impedir que este tipo de instalaciones puedan desarrollarse en el futuro, defendiendo que el Ayuntamiento aún dispone de margen jurídico para modificar el POM y proteger determinados usos del suelo.
Por el contrario, el Gobierno municipal sostiene que el expediente actual se encuentra inmerso en un procedimiento reglado en el que intervienen distintas administraciones y recuerda que la tramitación ya ha ido incorporando diversos informes técnicos y administrativos.
Un debate que trasciende la política
La controversia sobre la planta de biometano ha dejado de ser únicamente un enfrentamiento entre Gobierno y oposición para convertirse en un debate sobre el alcance real de las competencias municipales y sobre el momento administrativo en el que se encuentra el proyecto.
Mientras la propuesta socialista busca abrir una nueva vía urbanística para frenar futuras implantaciones, la documentación oficial refleja que el expediente de la planta proyectada en Talavera ha ido superando distintas fases de evaluación, con informes municipales favorables y desfavorables, alegaciones técnicas de la empresa promotora y, finalmente, una Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida por la Junta de Comunidades.
Con este escenario sobre la mesa, el debate ya no gira únicamente en torno a la conveniencia o no de la planta de biometano, sino también sobre si las herramientas urbanísticas que ahora plantea el PSOE pueden tener efectos sobre un expediente cuya tramitación administrativa ya ha avanzado de forma significativa.
