Una operación policial conjunta llevó a la detención de 45 individuos pertenecientes a una organización criminal especializada en estafar a personas de avanzada edad y en situación de vulnerabilidad. Los estafadores se hacían pasar por funcionarios públicos y, en un asombroso acto de engaño, incluso portaban placas de identificación falsas para ganarse la confianza de sus víctimas. El perjuicio total causado por esta red supera los 300,000 euros. La provincia de Toledo se encuentra entre las áreas donde se llevaron a cabo registros en el marco de esta operación.
El inicio de esta investigación se remonta a agosto de 2022, cuando la Policía Nacional comenzó a recibir numerosas denuncias en todo el país. Aunque en un principio, estas denuncias parecían no estar relacionadas, los investigadores pronto descubrieron un patrón delictivo común, lo que llevó a un minucioso cruce de información que confirmó la existencia de una organización criminal detrás de los hechos.
Las víctimas, en todos los casos, eran personas de avanzada edad que vivían solas y que habían realizado compras previas de bienes. Los estafadores obtenían listados de estas personas a través de empresas que vendían productos a domicilio. Los vendedores persuadían a los clientes con ofertas y regalos, y utilizando información confusa, conseguían que firmaran contratos para comprar productos a precios inflados.
En algunos casos, las víctimas no tenían suficiente dinero para afrontar la compra, por lo que firmaban contratos de financiamiento con tasas de interés exorbitantes. Esto les permitía pagar mensualmente los productos, acumulando deudas que se extendían durante años.
Los estafadores contactaban a las víctimas haciéndose pasar por empleados de la Administración, como jueces, funcionarios de Hacienda o de la Guardia Civil. A través de llamadas telefónicas, convencían a las víctimas de que habían ganado un juicio contra la entidad de crédito que financió sus compras y que debían recibir un reembolso completo.
Para facilitar la supuesta devolución, solicitaban información bancaria, que les permitiría operar libremente en las cuentas de las víctimas. Cuando no podían obtener la información por teléfono, los estafadores concertaban citas con las víctimas, aprovechando que vivían solas. En el momento de la visita, mostraban placas de identificación falsas para ganarse la confianza de las víctimas y acceder a sus hogares.
Una vez dentro de las viviendas, los estafadores empleaban tácticas de ingeniería social para obtener la información bancaria necesaria. En algunas ocasiones, llevaban consigo un dispositivo de pago y solicitaban a las víctimas que ingresaran su tarjeta bancaria y su PIN. Aprovechando cualquier distracción, generalmente provocada por una llamada telefónica previamente planeada, los estafadores abandonaban la vivienda con la tarjeta bancaria y cualquier objeto de valor a la vista.
Con la información bancaria de las víctimas en su poder, comenzaba un saqueo sistemático de sus cuentas bancarias, realizando transferencias de dinero no autorizadas y extrayendo efectivo. Esto resultó en un perjuicio total que supera los 300,000 euros.
Gracias a un dispositivo policial coordinado, la organización criminal fue finalmente desarticulada, y sus 45 miembros, incluidos los cabecillas, fueron detenidos y se encuentran en prisión provisional. Además, se bloquearon 85 cuentas bancarias y se llevaron a cabo 17 registros simultáneos en las provincias de Alicante, Valencia, Toledo y Madrid. Estos registros dieron lugar a la incautación de 46 teléfonos, cinco vehículos de alta gama, 30,000 euros en efectivo, 30 relojes de alta gama, 97,000 euros en billetes falsos, un arma de fuego y otros efectos.
