La polémica por la futura planta de biometano proyectada a la entrada de Talavera de la Reina ha entrado en una nueva fase. Después de semanas de movilización vecinal, cruces de declaraciones y un expediente administrativo ya muy avanzado, el Grupo Municipal Socialista ha puesto sobre la mesa una propuesta con la que pretende cambiar el rumbo del proyecto.
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La portavoz socialista, Tita García Élez, ha anunciado la presentación de una moción para modificar el Plan de Ordenación Municipal (POM) e incorporar la prohibición expresa de este tipo de instalaciones en el municipio, acompañando esa medida de una suspensión temporal de nuevas licencias mientras se tramita el cambio urbanístico.
Con esta iniciativa, el PSOE traslada ahora el foco del debate al Gobierno municipal, al considerar que todavía existe una herramienta legal para impedir la implantación de la planta si existe voluntad política para utilizarla.
La cronología de un proyecto que sigue generando polémica
El 28 de octubre de 2024, el promotor solicitó trasladar el proyecto inicialmente previsto en Montaragón hasta una parcela ubicada en el término municipal de Talavera de la Reina.
Posteriormente, el expediente fue sometido al correspondiente periodo de información pública, momento en el que las administraciones afectadas podían presentar alegaciones.
Según recordó la portavoz socialista, el Ayuntamiento de Talavera no registró alegaciones dentro del plazo legalmente establecido, aunque posteriormente sí presentó un escrito fuera de plazo.
La propia Declaración de Impacto Ambiental recoge que esas alegaciones fueron finalmente asumidas por el promotor e incorporadas al expediente, mientras que otros municipios afectados, como Cazalegas, sí formularon sus alegaciones dentro del periodo establecido.
Finalmente, el 11 de junio de 2026 se publicó la Declaración de Impacto Ambiental, permitiendo al procedimiento continuar su tramitación administrativa.
Para el PSOE, esta secuencia demuestra que el expediente ha seguido avanzando, pero también que aún existe margen para actuar desde el ámbito urbanístico.
El Ayuntamiento todavía puede impedir la instalación
El Ayuntamiento mantiene competencias suficientes para bloquear la planta.
Según explicó Tita García, el urbanismo es una competencia exclusivamente municipal y permite modificar el Plan de Ordenación Municipal para declarar expresamente incompatibles este tipo de industrias con el modelo de ciudad que pretende desarrollar Talavera.
La moción propone iniciar esa modificación urbanística e incorporar, de forma paralela, una suspensión temporal de nuevas licencias de actividad y urbanísticas para impedir que nuevos proyectos puedan seguir avanzando mientras se tramita el cambio del POM.
Con este planteamiento, el PSOE desplaza ahora el debate político hacia una cuestión concreta: si existe una herramienta jurídica para impedir la instalación, la decisión pasa a depender de si el Gobierno municipal está dispuesto a utilizarla.
Una fórmula con precedentes
Durante la rueda de prensa, Tita García rechazó que la propuesta sea una ocurrencia improvisada o una solución jurídicamente dudosa.
Recordó que ayuntamientos como Albacete, Villarrobledo, Valdepeñas o Écija ya han utilizado modificaciones urbanísticas similares para limitar este tipo de instalaciones y defendió que Talavera dispone incluso de precedentes propios.
En este sentido, recordó que durante el anterior mandato el Ayuntamiento impulsó modificaciones puntuales del POM para impedir la instalación de macrogranjas en Gamonal y regular la apertura de locales de apuestas, procedimientos que posteriormente fueron avalados por los tribunales.
«No hemos descubierto ni el hilo negro ni la pólvora«, llegó a afirmar para defender que el camino jurídico ya ha sido recorrido por otros municipios y que únicamente hace falta voluntad política para aplicarlo en Talavera.
«No buscamos culpables, buscamos soluciones»
Aunque la portavoz socialista recordó que el Ayuntamiento dejó pasar el plazo inicial de alegaciones, evitó convertir su comparecencia en una búsqueda de responsabilidades.
En varias ocasiones insistió en que el objetivo del PSOE no es abrir un debate sobre quién actuó antes o después durante la tramitación administrativa, sino ofrecer una solución que permita impedir definitivamente la implantación de la planta.
Incluso ofreció al Gobierno municipal la colaboración de su grupo para redactar la modificación urbanística si fuera necesario, al considerar que el interés general debe situarse por encima de la confrontación política.
Un debate que trasciende la planta de biometano
Más allá del expediente concreto, la comparecencia evidenció un debate mucho más amplio sobre el futuro modelo económico de Talavera.
Tita García defendió que la ciudad debe seguir apostando por actividades vinculadas a la innovación, la ciberseguridad y la economía tecnológica, rechazando que una planta de biometano situada junto a uno de los principales accesos urbanos sea compatible con esa estrategia de desarrollo.
«No queremos que Talavera sea el vertedero de nadie«, resumió durante una intervención en la que defendió que la ciudad debe decidir qué actividades quiere incorporar a su planeamiento urbanístico.
La presión política cambia ahora de escenario
La propuesta presentada por el PSOE abre una nueva etapa en este conflicto.
Hasta ahora, buena parte del debate había girado en torno a la tramitación ambiental del proyecto, los plazos administrativos y el intercambio de responsabilidades entre administraciones.
Con esta iniciativa, la discusión se traslada al terreno urbanístico.
Si el Gobierno municipal decide iniciar la modificación del Plan de Ordenación Municipal, todavía existe margen legal para impedir la instalación de la planta.
Si, por el contrario, rechaza la propuesta, el debate político dejará de centrarse únicamente en la gestión del expediente para situarse sobre una cuestión de fondo: si el Ayuntamiento está dispuesto o no a utilizar todas las competencias urbanísticas de las que dispone para impedir la implantación de este tipo de instalaciones en Talavera.
La decisión, en cualquier caso, ya no dependerá únicamente de lo ocurrido durante la tramitación del expediente, sino de la posición que adopte el Pleno municipal ante una propuesta que el PSOE presenta como una solución técnica ya utilizada en otros municipios y que ahora pone a prueba la capacidad de acuerdo entre los distintos grupos políticos.
