El futuro de las plantas de biometano en Talavera vuelve a provocar un choque político. El Ayuntamiento ha aprobado diez alegaciones al decreto regional, pero el PSOE advierte de que esta medida no puede sustituir lo acordado por unanimidad en el último Pleno extraordinario.
La Corporación municipal aprobó modificar el Plan de Ordenación Municipal y suspender la concesión de licenciasmientras se tramita ese cambio. Sin embargo, solo un día después, el alcalde, José Julián Gregorio, dejó abierta la posibilidad de implantar estas instalaciones si un estudio externo determinaba su viabilidad.
Este planteamiento ha despertado las dudas del Grupo Municipal Socialista, que considera que supone un cambio respecto al rechazo expresado durante la sesión plenaria.
Diez alegaciones y un recurso de alzada
La Junta de Gobierno Local ha aprobado presentar diez modificaciones al proyecto de decreto de la Junta de Castilla-La Mancha. Según el Ayuntamiento de Talavera, pretenden reforzar las garantías ambientales, urbanísticas y sanitarias.
Entre las propuestas figura aumentar de dos a cinco kilómetros la distancia mínima entre las plantas y los suelos residenciales, urbanos e industriales. También se plantea limitar a 50 kilómetros la procedencia de los residuos y prohibir la llegada de sustratos desde otras comunidades autónomas.
Además, el alcalde presentará un recurso de alzada contra la autorización ambiental integrada concedida el pasado 24 de julio. El documento menciona posibles incompatibilidades urbanísticas, riesgos para la salubridad y afecciones sobre la fauna.
“El Pleno dijo no, y no es no”
El PSOE considera que las alegaciones y los recursos deben acompañar, pero no sustituir, la modificación del POM y la paralización de las licencias.
“El Pleno dijo no, y no es no”, ha señalado el portavoz socialista, José Gutiérrez. Desde el PSOE de Talavera recuerdan que en el acuerdo no se aprobó encargar ningún estudio externo.
Los socialistas ven especialmente llamativo que el alcalde introdujera esta posibilidad apenas 24 horas después de votar a favor de impedir la instalación de las plantas. Por ello, anuncian un seguimiento diario del cumplimiento del acuerdopara evitar que quede “en papel mojado”.
El debate no se centra ya únicamente en las alegaciones al decreto regional. La cuestión principal es si el Gobierno municipal cumplirá sin matices el mandato unánime del Pleno o mantendrá abierta una vía para que los proyectos puedan seguir adelante.
