El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un nuevo paso en su compromiso con la accesibilidad universal, trasladando a la Comisión Europea los avances en la futura normativa regional y reclamando una financiación comunitaria suficiente que garantice su desarrollo efectivo.
En un encuentro celebrado este viernes en Madrid, el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, se reunió con el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja y Crespo, acompañado por el comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero. El objetivo: exponer el trabajo que ya se está desarrollando en la elaboración de la Ley de Accesibilidad Universal en la región.
Una ley alineada con Europa y en fase participativa
Durante la reunión, el Ejecutivo autonómico puso en valor el avance de esta normativa, actualmente en fase participativa, y su alineación con el marco de la Ley Europea de Accesibilidad. Según explicó Caballero, Castilla-La Mancha busca adaptar esta legislación al ámbito competencial regional, consolidando así un modelo que garantice derechos reales para toda la ciudadanía.
El proceso de elaboración ya ha permitido recopilar y analizar normativa tanto nacional como internacional, así como definir los principales bloques que estructurarán la futura ley. Además, se ha abierto un proceso de participación activa en el que intervienen múltiples actores sociales: desde el tercer sector hasta universidades, empresas, sindicatos, entidades financieras y administraciones públicas.
En este contexto, el Gobierno regional ha destacado la implicación de instituciones europeas, como la participación de la directora general de Igualdad y Justicia, Ana Carla Pereira, en una jornada celebrada el pasado 19 de febrero que reunió a cerca de 200 representantes de la sociedad regional.
Participación ciudadana y calendario de desarrollo
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es la apertura a la ciudadanía. Actualmente, ya existe un documento base que se está publicando por bloques en el Portal de Participación, permitiendo que cualquier persona o entidad pueda aportar propuestas.
El interés generado ha superado las expectativas iniciales. Según ha señalado el vicepresidente segundo, la implicación no se limita únicamente a colectivos directamente afectados, sino que responde a una demanda general de la sociedad, lo que refuerza el carácter transversal de la accesibilidad.
El calendario previsto contempla la finalización del texto a finales de este año, con el objetivo de que pueda debatirse en las Cortes de Castilla-La Mancha durante el primer trimestre siguiente.
Además, el proceso se ha diseñado para garantizar la inclusión, incorporando materiales en lenguaje claro y formatos digitales accesibles que faciliten la participación en igualdad de condiciones.
Llamamiento a la unidad política
En el plano político, Caballero ha apelado a la necesidad de consenso para sacar adelante esta ley. Ha recordado que la accesibilidad universal ya estaba contemplada en el nuevo Estatuto de Autonomía y ha instado al Partido Popular a retomar el acuerdo.
Desde el Gobierno regional se considera que este avance supone consolidar un nuevo derecho que impactará directamente en la calidad de vida de la ciudadanía, por lo que su aprobación debería contar con el mayor respaldo posible.
Reclamación de fondos europeos para garantizar su aplicación
Más allá del desarrollo normativo, el Ejecutivo autonómico ha puesto el foco en la financiación. Durante el encuentro con la Comisión Europea, se ha defendido la necesidad de que la accesibilidad universal tenga un peso específico en el próximo marco financiero plurianual (2028-2034).
Caballero ha subrayado que esta prioridad debe traducirse en fondos europeos suficientes, canalizados a través de instrumentos como el Fondo Social Europeo y gestionados, preferentemente, por las comunidades autónomas. Asimismo, ha insistido en la importancia de reforzar los criterios de condicionalidad en los fondos europeos para asegurar que las políticas públicas avancen hacia una accesibilidad real y efectiva en todos los ámbitos.
Un compromiso con impacto social
Con esta iniciativa, Castilla-La Mancha busca posicionarse como una comunidad referente en materia de accesibilidad, no solo desde el punto de vista normativo, sino también en su aplicación práctica.
El desarrollo de esta ley y la implicación de todos los agentes sociales reflejan un enfoque que trasciende lo técnico para convertirse en un proyecto colectivo, con impacto directo en la vida diaria de las personas.
