Castilla-La Mancha quiere que la futura regulación de los centros de datos garantice la sostenibilidad y la eficiencia energética, pero sin poner en riesgo proyectos tecnológicos que ya tienen permisos concedidos o una tramitación avanzada.
La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha anunciado la presentación de diez alegaciones al proyecto de Real Decreto impulsado por el Gobierno de España. El objetivo, según ha explicado, es conseguir una norma que combine la protección de los recursos naturales con la seguridad jurídica, la proporcionalidad de las medidas y el respeto a las competencias autonómicas.
Una cuestión que tiene especial relevancia para Talavera de la Reina, ya que entre las inversiones que podrían verse condicionadas por la nueva regulación se encuentra el proyecto de Meta previsto en la ciudad.
El proyecto de Meta en Talavera, entre las inversiones que preocupan a la Junta
El periodo de audiencia pública de la futura normativa concluyó el pasado 10 de septiembre. A partir de ahora corresponde al Gobierno central estudiar las aportaciones recibidas antes de aprobar el texto definitivo. El propio procedimiento publicado por el Ministerio confirma que la norma todavía se encuentra en tramitación.
Desde Castilla-La Mancha se comparten los objetivos de sostenibilidad perseguidos por la regulación y la necesidad de que los centros de datos realicen un uso responsable tanto de la energía como del agua.
Padilla ha insistido especialmente en la importancia de proteger este último recurso en una comunidad como Castilla-La Mancha, donde resulta esencial para el consumo humano, la agricultura y la conservación de los ecosistemas.
La discrepancia aparece, sin embargo, en la forma de aplicar determinados requisitos a proyectos que fueron diseñados y comenzaron su tramitación conforme a una normativa anterior.
Castilla-La Mancha reclama proteger los proyectos ya avanzados
Uno de los principales puntos planteados por el Ejecutivo autonómico afecta a los centros de datos que ya disponen de permisos de acceso y conexión a la red eléctrica pero que todavía no se encuentran conectados.
El proyecto normativo establece nuevas condiciones para estas instalaciones y contempla un periodo para que puedan acreditar su cumplimiento. El Ministerio recoge específicamente que los proyectos en tramitación dispondrán, con carácter general, de seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos.
Para el Gobierno de Castilla-La Mancha, aplicar nuevas condiciones de manera indiscriminada a inversiones ya diseñadas y comprometidas podría generar inseguridad jurídica.
Por ello, la Junta propone establecer un régimen transitorio flexible que tenga en cuenta el grado de madurez de cada iniciativa y permita proteger aquellas inversiones cuya implantación se encuentre ya en una fase avanzada.
Y es precisamente en este apartado donde aparece directamente Talavera.
Padilla ha advertido de que esta situación podría afectar al proyecto impulsado por Meta en Talavera de la Reina, por lo que Castilla-La Mancha solicita que se respeten las condiciones y derechos adquiridos por aquellas inversiones que ya han recorrido una parte importante de su tramitación.
La propuesta regional diferencia así entre los nuevos proyectos, que deberán ajustarse a las obligaciones que finalmente establezca la normativa, y aquellos que ya hayan sido autorizados o presenten un elevado nivel de desarrollo administrativo.
En el caso de inversiones ejecutadas por fases, Castilla-La Mancha plantea además que las nuevas exigencias afecten exclusivamente a la capacidad adicional incorporada en cada nueva etapa, evitando su aplicación retroactiva sobre el conjunto del proyecto.
La Junta reclama sanciones graduales y proporcionadas
Otro de los puntos de desacuerdo se encuentra en el alcance de algunas de las consecuencias previstas en caso de incumplimiento.
La futura regulación contempla penalizaciones económicas sobre determinados cargos y peajes y, en los supuestos más relevantes y reiterados, la posibilidad de perder los permisos de acceso y conexión. El proyecto estatal justifica estas medidas por el impacto que este tipo de instalaciones puede tener sobre la red eléctrica y sobre el conjunto del sistema.
Castilla-La Mancha considera que medidas de tanta intensidad deben contar con suficiente cobertura legal y aplicarse de manera gradual.
La propuesta autonómica pasa por distinguir entre incumplimientos puntuales y situaciones graves o continuadas, reservando la retirada de los permisos para los casos de mayor importancia.
También solicita que los titulares de las instalaciones tengan garantizada su audiencia y dispongan de un plazo efectivo para corregir posibles incumplimientos antes de afrontar las consecuencias más severas.
Más voz para las comunidades autónomas
La participación autonómica constituye otro de los principales ejes de las alegaciones.
El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que la implantación de grandes centros de datos no puede abordarse únicamente desde el ámbito estatal, ya que estos proyectos tienen consecuencias directas sobre cuestiones como el territorio, el urbanismo, la industria, el medio ambiente, el agua o las redes de distribución.
Ámbitos en los que las comunidades autónomas cuentan también con competencias y responsabilidades.
Por este motivo, Castilla-La Mancha reclama una participación activa de las autonomías antes de que se adopten decisiones como denegar solicitudes, retirar permisos o redistribuir capacidad eléctrica disponible.
Padilla también ha cuestionado que no se produjera un mayor diálogo institucional antes de publicar el proyecto, señalando que las comunidades autónomas han tenido que trasladar posteriormente sus propuestas mediante el procedimiento de alegaciones.
El clima, clave para medir la eficiencia de los centros de datos
Las condiciones climáticas constituyen otro de los puntos especialmente relevantes para Castilla-La Mancha.
El Ejecutivo regional propone que los indicadores utilizados para evaluar la eficiencia energética y el consumo de agua de estas instalaciones tengan en cuenta las diferencias existentes entre los distintos territorios.
La razón es sencilla: las necesidades de refrigeración de un centro de datos no son las mismas en una zona de temperaturas bajas que en otra sometida durante buena parte del año a temperaturas considerablemente más altas.
Según la posición defendida por la Junta, ignorar esta circunstancia podría terminar perjudicando a las regiones del interior y favorecer la concentración de inversiones en determinadas zonas de España.
Castilla-La Mancha insiste en que esta petición no pretende rebajar los estándares ambientales ni conseguir excepciones específicas para la comunidad, sino introducir mecanismos de evaluación que permitan comparar las instalaciones teniendo en cuenta las condiciones reales del territorio.
Energías renovables y una implantación progresiva
El proyecto estatal establece también requisitos relacionados con la utilización de energías renovables y con su correspondencia con el consumo eléctrico de los centros de datos. La propuesta sometida a consulta busca que estas instalaciones acrediten una elevada cobertura de su consumo mediante generación renovable y establece obligaciones específicas para aquellos proyectos de mayor tamaño.
Castilla-La Mancha plantea que estas exigencias se introduzcan progresivamente y de forma coordinada con la capacidad efectiva de las redes eléctricas y con el crecimiento de la nueva generación renovable disponible.
La posición defendida por el Gobierno regional pasa, en definitiva, por mantener una normativa exigente desde el punto de vista medioambiental, pero que sea al mismo tiempo segura jurídicamente, proporcionada y adaptada a las características de cada territorio.
Talavera, pendiente de la regulación definitiva
Para Talavera de la Reina, la evolución de esta normativa cobra una importancia particular por su posible repercusión sobre el proyecto de Meta.
La Junta sostiene que los nuevos estándares de sostenibilidad deben aplicarse sin modificar de forma inesperada las condiciones bajo las que comenzaron a desarrollarse inversiones ya avanzadas.
El Gobierno de España deberá estudiar ahora las alegaciones recibidas antes de cerrar definitivamente el Real Decreto.
Castilla-La Mancha confía en que sus diez propuestas sean tenidas en cuenta para conseguir un equilibrio entre eficiencia energética, protección del agua, seguridad jurídica y desarrollo tecnológico, evitando que proyectos estratégicos ya en marcha puedan quedar comprometidos por un cambio de regulación.
