La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha defendido con contundencia la necesidad de cambiar de inmediato las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Castilla-La Mancha exige revisar ya las reglas del trasvase Tajo-Segura.
La reacción del Ejecutivo autonómico llega tras conocer la carta firmada por los presidentes de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, junto al sindicato central de regantes del acueducto Tajo-Segura (SCRATS), dirigida a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la que piden mantener el actual modelo del trasvase y se oponen a la aplicación de los caudales ecológicos estipulados en el Plan de Cuenca del Tajo.
Mercedes Gómez ha calificado el contenido de esa carta como “indignante”, afirmando que lo que se está reclamando al Ministerio es que “incumpla el Real Decreto aprobado en 2023, que afecta a todos los planes hidrológicos, incluido el del Tajo”.
«El agua no puede seguir dilapidándose»
La consejera ha recordado que existen siete sentencias judiciales que avalan no solo la necesidad de respetar los caudales ecológicos, sino también de replantear por completo la forma en que se gestiona esta infraestructura, cuyo uso debería garantizar el abastecimiento humano ante el avance del cambio climático.
Además, ha valorado como “inaceptable” la decisión de aprobar un nuevo trasvase de 81 hectómetros cúbicos para los tres próximos meses. Esta cantidad se suma a los 132 hm³ aún pendientes del año hidrológico anterior, lo que significa que, hasta final de 2025, se habrá trasvasado más agua que en un año hidrológico normal.
Recursos alternativos ya disponibles
Gómez también ha recordado que con las últimas lluvias en la zona del Levante y la capacidad actual de las plantas desaladoras, no existe justificación técnica ni social para seguir manteniendo el volumen actual de trasvases.
Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha criticado, además, que se esté intentando posponer la modificación de las reglas de explotación hasta 2027, cuando el propio Real Decreto marca que deben aplicarse antes. “Ya han pasado dos años desde su aprobación”, ha advertido la consejera.
El coste real del agua: un debate pendiente
Gómez también ha lanzado un mensaje claro hacia los intereses del lobby agroalimentario del Levante, al señalar que mientras el agua trasvasada siga siendo más barata que la desalada, seguirá habiendo presión injustificada para mantener el trasvase.
Finalmente, ha subrayado que el Gobierno regional seguirá actuando con firmeza pero también con lealtad institucional, defendiendo el cumplimiento de la legalidad y una gestión del agua que sea sostenible, equitativa y preparada para el futuro.
