La nueva organización regional, de la que forma parte la Asamblea de Vivienda Talavera, reclama alquileres asequibles, más vivienda pública, protección frente a los desalojos y una Ley de Vivienda propia para Castilla-La Mancha.
Un amplio grupo de organizaciones sociales ha constituido la Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha, una iniciativa de ámbito regional que pretende coordinar esfuerzos y trasladar una posición conjunta a las administraciones ante la actual situación de la vivienda.
Entre las entidades que integran esta nueva plataforma se encuentra la Asamblea de Vivienda Talavera, junto a organizaciones procedentes de diferentes puntos de Castilla-La Mancha.
La Plataforma parte de una idea central: defender que el acceso a una vivienda adecuada sea considerado un derecho humano y no únicamente un bien de mercado.
Alquileres asequibles y más vivienda pública
Entre sus principales reivindicaciones se encuentra conseguir una mayor estabilidad y asequibilidad de los alquileres, incluyendo la declaración de zonas de mercado residencial tensionado que permitan aplicar medidas de regulación.
También solicita aumentar de forma sustancial el parque público de vivienda y utilizar de manera efectiva los recursos y el suelo públicos destinados a este fin, garantizando que las viviendas incorporadas mantengan su carácter público y asequible.
Otra de sus demandas pasa por establecer mecanismos de prevención y acompañamiento desde que aparecen las primeras dificultades para conservar una vivienda.
En los casos que finalmente desemboquen en un desalojo, la Plataforma reclama que exista previamente una alternativa habitacional real.
A estas reivindicaciones se suma una de las principales peticiones de la organización: aprobar una Ley de Vivienda propia de Castilla-La Mancha que reconozca este derecho con todas sus garantías.
La Plataforma alerta sobre la situación de la vivienda en Castilla-La Mancha
La nueva organización acompaña sus reivindicaciones de diferentes datos sobre la situación residencial de la comunidad autónoma.
Según recoge en su comunicado, el parque social representa actualmente alrededor del 1,66% de las viviendas de Castilla-La Mancha, frente al 9% de media de la Unión Europea.
También señala que el 23% de las viviendas de la región están vacías, nueve puntos por encima de la media estatal, y recuerda que no existe actualmente ninguna zona de mercado residencial tensionado declarada en Castilla-La Mancha.
En cuanto al precio del alquiler, la Plataforma sostiene que se ha incrementado un 95,6% entre 2016 y 2026, una evolución que sitúa muy por encima de la subida del IPC.
Además, citando datos de CCOO, indica que una persona trabajadora dedica de media alrededor del 40% de su salario al alquiler, porcentaje que supera el 50% en ciudades como Toledo y Guadalajara.
La organización añade que desde 2013 se han producido más de 12.000 desahucios y señala que Castilla-La Mancha, junto a Madrid, continúa sin contar con una ley autonómica propia de vivienda.
Jóvenes, mujeres y mayores, entre los colectivos señalados
Para las organizaciones que forman parte de la Plataforma, detrás de estas cifras se encuentran familias y personas con dificultades para afrontar las subidas del alquiler, conservar sus hogares o encontrar viviendas a precios asequibles.
La Plataforma considera que esta situación afecta especialmente a determinados colectivos.
Sobre la población joven, el comunicado sostiene que Castilla-La Mancha presenta la tasa de emancipación juvenil más baja de España.
En el caso de las personas mayores, alerta además de la existencia de los denominados “desahucios invisibles”, situaciones que, según la organización, no terminan reflejándose en las estadísticas oficiales.
Críticas a la Proposición de Ley de movilización de suelo
La Plataforma también fija su posición ante la Proposición de Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística, que se encuentra en tramitación de urgencia en las Cortes regionales.
La organización considera insuficiente esta iniciativa y sostiene que supone una reforma puntual de la normativa sobre viviendas de protección pública y legislación urbanística, en lugar de abordar una Ley de Vivienda integral para Castilla-La Mancha.
No obstante, valora positivamente algunas de las medidas incluidas en la proposición dirigidas a incrementar el parque de vivienda social.
Entre ellas destaca la protección permanente y el establecimiento de una duración mínima de 50 años para el régimen de alquiler de las viviendas de protección pública.
Su principal crítica se dirige al procedimiento previsto para los desalojos administrativos de viviendas públicas.
La Plataforma sostiene que la redacción actual no tiene suficientemente en consideración la vulnerabilidad económica y social de quienes ocupan estas viviendas y cuestiona que el impago de una cuota pueda llegar a justificar un desalojo sin valorar previamente las circunstancias personales, económicas o familiares, incluida la presencia de menores.
Piden estudiar individualmente cada posible desalojo
La proposición contempla una moratoria para casos considerados “excepcionales de marcado carácter social”, pero la Plataforma entiende que esta fórmula resulta insuficiente.
Su propuesta consiste en que, antes de adoptar una decisión sobre un desalojo de vivienda pública, exista siempre un análisis individualizado de proporcionalidad.
Este estudio debería valorar la situación económica, social y familiar de cada persona o unidad de convivencia y permitir, cuando sea necesario, adaptar las condiciones de pago a su capacidad económica.
La organización defiende que ninguna persona vulnerable debería ser desalojada si la consecuencia es quedar en situación de sinhogarismo.
También reclama mecanismos de detección temprana, mediación, asesoramiento y acompañamiento antes de que las dificultades residenciales terminen provocando un desahucio o desalojo.
Especial importancia concede a la coordinación entre administraciones cuando la vulnerabilidad social coincide con situaciones de discapacidad o problemas de salud mental.
Movilizar las viviendas vacías
Otro de los planteamientos de la Plataforma se centra en el aprovechamiento de las viviendas que ya existen.
Frente a una política basada principalmente en nueva construcción y reclasificación de suelo, propone recurrir también a mecanismos como el tanteo y retracto para adquirir viviendas existentes, priorizando las compras en zonas tensionadas.
Asimismo, solicita poner en marcha un plan regional de movilización de vivienda vacía que permita incorporar al mercado residencial inmuebles actualmente desocupados, especialmente aquellos que puedan destinarse al alquiler social o asequible.
La propuesta se completaría con políticas de adquisición, rehabilitación y recuperación del parque existente y con la ejecución de las inversiones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
Una Ley de Vivienda para Castilla-La Mancha
La aprobación de una normativa autonómica integral constituye una de las principales reivindicaciones de la nueva Plataforma.
Las organizaciones consideran que las administraciones deben asumir obligaciones concretas para proteger el acceso a una vivienda adecuada y actuar frente a la especulación y la discriminación residencial.
Entre sus propuestas también figuran medidas contra la pobreza energética, garantías de acceso a suministros básicos y una mayor coordinación entre las consejerías implicadas.
La Plataforma pide además que la empresa pública Gicaman priorice la renegociación de las deudas frente al desahucio.
En materia de vivienda pública, reclama aprovechar el suelo disponible y utilizar mecanismos como el tanteo y retracto para incrementar el parque social, dando prioridad a la titularidad pública.
Alquiler turístico, temporeros y acceso a la justicia
La Plataforma plantea igualmente perseguir el fraude relacionado con los alquileres de temporada, limitar las viviendas turísticas y ofrecer una solución estructural a las necesidades residenciales de los trabajadores temporeros.
Entre sus reivindicaciones se encuentra también reforzar la protección de las personas con problemas de salud mental o discapacidad mediante protocolos sociosanitarios previos a cualquier desalojo.
En materia judicial, solicita reforzar el turno de oficio especializado en desahucios y garantizar que la vulnerabilidad de las personas afectadas sea valorada durante estos procedimientos.
La organización reclama igualmente una atención específica para hogares monomarentales, víctimas de violencia de género, población migrante, racializada y gitana, jóvenes con dificultades para emanciparse y personas mayores afectadas por los denominados desahucios invisibles.
La Asamblea de Vivienda Talavera, entre las organizaciones fundadoras
La nueva Plataforma está constituida por el Sindicato de Inquilinos de Guadalajara, Unión Popular de Inquilinos de Toledo, Asamblea de Vivienda Talavera, PAH Tomelloso, PAH Toledo, Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, CCOO Castilla-La Mancha, Red de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS-CLM), Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, Proyecto Kieu, Asociación Socioeducativa e Intercultural ASIEM, Colectivo Sin Fronteras de Albacete, Plataforma 8M Toledo y Feministas de Pueblo CLM.
Además de trasladar sus reivindicaciones a las instituciones, la Plataforma anuncia que promoverá la participación de las personas afectadas y de las organizaciones sociales en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con la vivienda.
