Soy la primera con interés en ver el horizonte con optimismo. Pero tras conocer algunos datos del sistema de cuentas de Contabilidad Nacional, los brotes verdes que nos intenta vender el Gobierno traducidos en pernoctaciones hoteleras y comilonas en chiringo frente al mar durante la Semana Santa, me llenan de una incontestable incertidumbre.
Mientras que la factura del gasto en nóminas públicas alcanza casi el 50% en algunas Comunidades Autónomas –entre ellas Castilla-La Mancha-, el consumo se frena en nuestro País y las ventas por parte de las grandes empresas caen hasta el 9%.
De la información de la misma fuente, se recaba que el gasto público se disparó en el 2021 batiendo records históricos, y que al igual que sucediera ya en crisis económicas pasadas, las Administraciones Públicas, y muy en especial las autonómicas, actúan como una importante agencia de colocación laboral. Ajenas y de espaldas a los apuros en el devenir contable de la empresa privada, han optado por todo lo contrario a un posible ajuste o reasignación de puestos. Con datos, como a mi tanto me gusta hablar, el número de empleados de las Administraciones autonómicas supone ya el 60% del empleo público de toda España.
Mientras que el sector privado hace auténticos malabares financieros para encajar las subidas salariales y de cotización a la Seguridad Social de sus empleados para evitar indeseados despidos, la Administración se dedica a gastar como si no hubiera un mañana. Y no, muy señores míos, no se dejen confundir por el relato de que el gasto eficiente significa recortar el Estado de Bienestar. Nada más lejos de la realidad “real”.
