El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado la aprobación del Proyecto de Ley de Integridad Pública por parte del Consejo de Gobierno. Este proyecto representa un hito en la legislación regional, reforzando los mecanismos de transparencia y garantizando una gestión pública adecuada en la comunidad.
La nueva ley, que se suma a otras normativas de transparencia y participación, establece una serie de medidas para asegurar la integridad en el ejercicio de funciones públicas. Entre las disposiciones más destacadas, se incluye la obligación para los miembros del Consejo de Gobierno de presentar una declaración de patrimonio al momento de la convocatoria electoral. Esta medida tiene como objetivo detectar cualquier incremento patrimonial irregular durante el ejercicio de sus funciones públicas.
Compromiso legal para los altos cargos
Además, la ley introduce nuevas obligaciones para los altos cargos, como la presentación de una declaración responsable en el momento de su toma de posesión, en la cual deben certificar que no están sujetos a incompatibilidades que afecten su dedicación exclusiva a la gestión pública.
Otro aspecto fundamental de la ley es la regulación de los conflictos de interés, estableciendo que los altos cargos deben abstenerse de participar en decisiones que pudieran favorecer a empresas o entidades con las que tengan algún vínculo familiar o personal.
Asimismo, se establece la obligación para los altos cargos de comunicar cualquier relación laboral con empresas durante los dos años posteriores a su cese en el cargo público, para verificar la compatibilidad con su ejercicio anterior.
La ley también crea la Oficina de Integridad, un órgano encargado de prevenir, controlar y vigilar la integridad en el ejercicio de funciones públicas. Esta oficina gestionará el Registro de Grupos de Interés, supervisará las agendas de trabajo de los altos cargos y atenderá las denuncias ciudadanas a través del Canal Externo de Información.
Con la aprobación del Proyecto de Ley por parte del Consejo de Gobierno, se inicia su tramitación parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha. Esta importante iniciativa está prevista que sea aprobada en el actual periodo de sesiones, consolidando así un marco legal sólido para la integridad pública en la región.
