El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que ninguno de los proyectos de biometano en Talavera de la Reina está clasificado como Proyecto Prioritario.
Así lo ha asegurado el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, después de que el Ayuntamiento solicitara información sobre la situación administrativa de los expedientes.
Según ha explicado, la Consejería de Desarrollo Sostenible ya ha contestado al Consistorio. La respuesta señala que ninguno de los proyectos tramitados por la Dirección General de Calidad Ambiental tiene esa consideración.
La misma consulta se ha realizado a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Gómez Arroyo ha adelantado que su respuesta también será negativa.
La Junta contradice la versión municipal
El delegado regional ha recordado que la declaración de un Proyecto Prioritario requiere la participación del municipio afectado. Además, el Ayuntamiento cuenta con representación en la Comisión Provincial de Urbanismo.
Por este motivo, considera que el Gobierno local debería conocer si alguno de los expedientes hubiera iniciado ese procedimiento.
Gómez Arroyo ha acusado al alcalde, José Julián Gregorio, de intentar “cargar el muerto” a la Administración regional, al presidente Emiliano García-Page y a la anterior alcaldesa, Tita García.
Informes municipales favorables
El representante de la Junta también ha recordado que los documentos enviados inicialmente por el Ayuntamiento fueron favorables a los proyectos.
Según su versión, cuando alguno de los informes municipales presentaba objeciones, posteriormente se incorporaba otro documento que transformaba su valoración en positiva.
Gómez Arroyo sostiene que los recursos anunciados ahora por el Ayuntamiento se dirigen contra un procedimiento en el que los propios informes municipales validaron diferentes aspectos de las plantas.
Asimismo, ha acusado al alcalde y a su socio de Gobierno de haber favorecido la llegada de cuatro proyectos de biometano a Talavera.
La modificación del POM, el siguiente paso
El delegado ha pedido al alcalde que deje de mantener posiciones cambiantes sobre estas instalaciones. Considera que esa actitud genera confusión entre los vecinos y desconfianza entre los posibles inversores.
Para Gómez Arroyo, la solución debe avanzar mediante la modificación del Plan de Ordenación Municipal, aprobada en el Pleno extraordinario solicitado por el PSOE.
Aquel acuerdo, respaldado por unanimidad, también contemplaba suspender las licencias mientras se tramitaba el cambio urbanístico. La Junta sostiene que ese debe ser ahora el camino del Ayuntamiento para impedir la instalación de las plantas.
