Hace escasas horas teníamos acceso -con intensa preocupación- a los datos que arroja el último informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) sobre el «Índice de competitividad Fiscal 2022» donde se apunta a que el porcentaje de presión fiscal que se ejerce sobre la ciudadanía en el último año ha alcanzado máximos históricos.
El dato es revelador -y como para sonrojarse- puesto que dicha presión supera el 42% del PIB, y el esfuerzo fiscal sobre el contribuyente es un 53% mayor que el promedio de la Unión Europea. En roman paladino, considerando que el esfuerzo fiscal es la presión impositiva que tenemos los ciudadanos en función de la renta anual que percibimos, podemos tener una clara idea de lo sangrante de la cifra.
Cuando la ministra de Hacienda, la señora Montero, era preguntada después por un medio de comunicación generalista sobre esta cuestión, se colocaba su habitual rostro de cemento armado para afirmar que España no tiene una presión fiscal elevada y que en cualquier caso, el incremento de recaudación del año 2021 se revierte en la población en forma de protección social y mejora de la calidad de los servicios públicos.
Pues mire usted, señora Montero. Ni una cosa, ni la otra. Pero vamos por partes que así nos entendemos mejor.
En primer lugar, el informe del IEE recoge también el «Índice de Competitividad Fiscal» elaborado por la Tax Foundation en Estados Unidos y la foto nos deja en malísimo lugar, puesto que España se sitúa en la posición 34 del total de 38 países analizados de los que integran la OCDE. Vamos, que estamos en el furgón de cola. Para mal. Y encima retrocediendo posiciones paulatinamente.
En segundo lugar, habla usted de destinar la recaudación para proveer de una mayor protección social a quienes lo necesitan. Desde aquí le digo que ni de lejos consiguen el objetivo del que se vanaglorian. Las colas del hambre son reales, señora ministra -yo misma he sido testigo de alguna, con lo cual asumo que no es simple rumorología aunque su Gobierno progresista intente tapar la realidad.
En cuanto a la pobreza energética, son millones de personas en nuestro País las que no pueden poner estos días la calefacción en su hogar porque las ayudas que ustedes dicen dar, realmente no llegan a la gente. Tampoco otros bonos y ayudas -esgrimidos, eso sí, a bombo y platillo- pero que a la hora de la verdad, se quedan en anuncio y eslogan pues son puestos un sinfín de criterios y trabas burocráticas y al final el porcentaje de personas que acceden a las ayudas, es prácticamente testimonial.
Por dar otro dato, señora ministra, la última información que arroja el índice de Gini -utilizado como medida de desigualdad social y distribución de recursos en la población- no ha variado desde que ustedes, «progresistas», gobiernan, con respecto a los porcentajes de años anteriores en los que el partido político en el Ejecutivo central era de corte «conservador». ¿Cuál es entonces su contribución a la mejora de la calidad de vida de los españoles? Personalmente, no la veo por ningún lado.
En relación -y siempre intentando analizar sus palabras, señora ministra- a lo que dice de destinar la ingente recaudación que han obtenido a mejorar los servicios públicos. Recordarle sólo que sobredimensionar la Administración Pública a base de empleo público no mejora necesariamente la calidad de los servicios. Porque la correlación causa-efecto, ni de lejos es directa. Y para muestra un botón, se ha disparado en los últimos tiempos la contratación de pólizas con seguros privados de salud, porque las listas de espera de la sanidad pública en algunos territorios donde gobierna su color político, son directamente inasumibles. ¿Dónde está la mejora, señora Montero? Exactamente, ¿A qué servicios públicos se refiere si nos atenemos a que gran parte de las competencias están transferidas a las comunidades autónomas?
Lo cierto y verdad es que la voracidad recaudatoria del PSOE y su socio Podemos ha demostrado no tener precedentes. Y lo más preocupante de todo es la incapacidad e irresponsabilidad para hacer autocrítica y reconocer que el foco no ha de situarse siempre en recaudar más y esquilmar los bolsillos de familias y empresas, sino gobernar mejor con políticas públicas eficaces y eficientes.
Los españoles no nos merecemos un Gobierno que nos mienta. Continuamente.
