La FEMPCLM trasladará al Gobierno central las peticiones de los Ayuntamientos sobre la necesidad de contar con liquidez para los gastos derivados de la crisis sanitaria

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La Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMPCLM) ha decidido iniciar una ronda de contactos con las distintas administraciones, Diputaciones provinciales, agentes sociales y partidos políticos con representación en las Cortes regionales, con el objetivo de aunar esfuerzos para trasladar al Ejecutivo central las peticiones de los ayuntamientos para afrontar los gastos de la crisis sanitaria del COVID-19, reactivar la economía e incentivar el empleo.

En una reunión del Comité Ejecutivo, presidida por la presidenta de la FEMPCLM, Tita García Élez, se ha aprobado una serie de propuestas para que las Administraciones ayuden a los Ayuntamientos de la región a afrontar los gastos ocasionados en la atención de la crisis sanitaria durante el Estado de Alarma decretado por el Gobierno mediante el Real Decreto 463/202 de 14 de marzo, al ser la primera administración en asumir dichos gastos.

En este sentido, el Comité ha insistido en la necesidad de permitir una mayor flexibilización de los requisitos de gasto para las entidades locales con superávit, contemplados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que se autorice que estos gastos no computen a efectos de regla de gasto ni de estabilidad presupuestaria.

La FEMP de CLM considera que las entidades locales pueden y quieren aportar para arrancar la economía y aliviar la situación social y de empleo en sus distintos municipios, pero las reglas nacionales actuales suponen un freno para esa inversión; reglas que se comprometieron a derogar y que incomprensiblemente siguen vigentes. No somos pedigüeños ni nos lamemos las heridas, las entidades locales sólo pedimos destinar los recursos que nos han facilitado los ciudadanos a través de sus impuestos, en mejorar sus circunstancias económicas y sociales.

De igual manera, se pretende proponer el establecimiento de una línea de liquidez para aquellos Ayuntamientos que no dispongan de superávit en sus cuentas municipales, con remanentes negativos de Tesorería, así como una concesión a estas entidades locales de una carencia de dos años en la intervención de sus cuentas, para poder disponer de liquidez para los gastos derivados de la gestión del COVID-19.

Otras de las medidas propuestas se refieren al aplazamiento o demora de la deuda para los ejercicios 2020-21, incluido el Plan de Pago a Proveedores, y la modificación del plazo de amortización de las operaciones financieras vigentes, manteniendo su importe y el principio de prudencia financiera.

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