Álvaro Gutiérrez considera que las ocupaciones ilegales de viviendas son un problema nacional que requiere de una estrategia nacional para solucionarlo

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El presidente de la Diputación de Toledo y alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, defendía hoy que las ocupaciones ilegales de viviendas son un problema nacional que requieren de una estrategia nacional para solucionarlo y así se lo ha planteado a los ministros del Interior y de Justicia, Fernando Grande Marlaska y Juan Carlos Campo, en las cartas que ha remitido.

Álvaro Gutiérrez, respondiendo a preguntas de los periodistas esta mañana sobre estas cartas, asegura que ha planteado a ambos ministros “este extraordinario problema que tenemos en los municipios de la provincia de Toledo y no solo de la provincia de Toledo, puesto que es un problema nacional que se tiene que resolver con una estrategia nacional”.

Insistía el presidente provincial en la necesidad de que “a las ocupaciones ilegales se les trate como lo que son, actividades delictivas” y que a los okupas “que entran en una vivienda que no es suya y sin el consentimiento del propietario se les trate como lo que son: delincuentes”. 

Ante un problema de esta naturaleza y sus consecuencias, Álvaro Gutiérrez alertaba que como sociedad “no podemos seguir permitiéndonos ser laxos con un delito, porque la propiedad privada es un derecho consagrado en la Constitución española y es inviolable” y el hecho de que una vivienda esté cerrada “no da derecho a nadie a que la ocupe” y “cuando alguien entra en la vivienda que es de otra persona tiene que ser desalojado de esa vivienda particular y ser puesto a disposición judicial inmediatamente”. 

“Es un delito que sufre no solamente el propietario, que por supuesto, sino, además, afecta a toda la sociedad porque junto con la ocupación ilegal se suman una serie de delitos añadidos y de situaciones conflictivas que no nos podemos permitir”, explicaba.

 También quería dejar claro, como lo ha hecho en la carta a los ministros del Interior de de Justicia, que no se trata de no atender a personas a unas necesidades sociales, ya que “nuestro estado del bienestar, el que hemos creado desde hace muchos años entre todos los españoles”, da respuesta a estas necesidades, desde los gobiernos nacional, autonómicos, provinciales y locales que tienen instrumentos para dar solución a esas necesidades.

El problema son “las ocupaciones ilegales, la entrada de manera violenta y absolutamente ilícita en la casa de otros” y “cuando alguien entra de manera ilícita está cometiendo un ilícito penal, es un delito y el que lo comete un delincuente”. 

Por ello, considera que hay que acabar con el grave problema de las ocupaciones ilegales de vivienda y así se lo ha planteado a Grande Marlaska y Campo trasladándoles la necesidad de resolverlo de “manera urgente, seria y garantizando los derechos de las personas”.

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